KOSOVO NO SE VENDE

Cerrada la ronda de audiencias sobre la legalidad de la independencia de Kosovo con un resultado bastante igualado en lo que se refiere a posiciones a favor y en contra de la secesión kosovar, que fue apoyada por 15 países y rechazada por 13.

Entre los contrarios a la declaración de independencia, con Belgrado, Moscú y Madrid a la cabeza, el argumento de mayor peso giró en torno al respeto de la soberanía e integridad territorial de Serbia.

Los cuatro países latinoamericanos que participaron en las audiencias –Argentina, Bolivia, Brasil y Venezuela– también suscribieron ese argumento para demostrar la ilegalidad de la secesión kosovar.

Prácticamente todos los estados contrarios a la independencia kosovar mantuvieron que esa secesión es contraria al derecho internacional porque no respetó el principio de unidad territorial de Serbia, el cual estaba recogido en la resolución 1244 de la ONU.

En su opinión, esa resolución concedió a Kosovo en 1999, al final del conflicto balcánico, una situación de autogobierno dentro de Serbia, a la vez que dependía administrativamente de la ONU.

Para este grupo de países la resolución 1244 no concedía a las “instituciones provisionales de gobierno de Kosovo” la competencia de “proclamarse independiente de forma unilateral”.

Una declaración de independencia no puede por tanto ser tomada por esas instituciones y en todo caso necesitaría contar con el beneplácito de Belgrado y la aprobación del Consejo de Seguridad de la ONU.

En contra de estos argumentos, los países favorables a la postura de Kosovo, defendida por EEUU y Alemania, entre otros, estipularon que la independencia no fue proclamada por “instituciones provisionales dependientes de la ONU”, sino por representantes políticos elegidos democráticamente.

En este sentido, uno de los jueces de este tribunal de la ONU preguntó hoy al final de las audiencias si “los autores de la declaración unilateral de independencia” incluyeron en la campaña electoral en Kosovo en 2007 el tema de la secesión de la provincia de Serbia.

Esta pregunta y otras planteadas por los jueces deberán ser respondidas por los países participantes antes del próximo 27 de diciembre, puntualizaron los magistrados.

Otros países como EEUU añadieron que la resolución 1244 no hablaba de la integridad territorial de Serbia, sino de la ex República Federal Yugoslava, por lo que ese argumento no puede contar con validez.

Los países favorables a Kosovo también argumentaron que el Derecho Internacional no regula cuestiones como una declaración de independencia, por lo que la cuestión no puede ser analizada desde el punto de vista de la legislación internacional.

Estos países también se refirieron a la propuesta del mediador de la ONU en Kosovo, Martti Ahtisaari, quien recomendó en 2007 la independencia de Kosovo como solución al fracaso de las negociaciones con Serbia encaminadas a lograr una solución a sus discrepancias y dar estabilidad a la región.

Para Kosovo, esa propuesta contó con “un amplio apoyo internacional” y la ONU no opuso objeciones a la misma, con lo que las Naciones Unidas la aprobaron tácitamente.

España fue uno de los países que con mayor claridad rebatieron ese argumento del “silencio de la ONU”, aclarando que, como mucho, “significó que no había acuerdo al respecto en el seno del Consejo de Seguridad”, y que cualquier aprobación por parte de ese órgano tendría que haber tomado la forma de una nueva resolución.

En medio de estas posturas contrapuestas, Burundi ofreció una posición pragmática, pidiendo a los jueces no tanto que se pronuncien a favor o en contra de la declaración de independencia, sino más bien que “dejen la situación de Kosovo tal y como está”, para evitar la inestabilidad en la zona.

Tras escuchar los argumentos de un total de 28 países, los jueces de la CIJ se tomarán ahora varios meses de deliberación antes de emitir su opinión, que se conoce como consultiva porque ha sido solicitada directamente por la ONU y jurídicamente no es vinculante.

Vía Semanario Serbio

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